Las víctimas del conflicto armado tienen ahora la posibilidad de ahorrar mucho más tiempo y dinero frente a la atención que reciben del Estado para tramitar la atención y reparación integral a la que tienen derecho. Ello, gracias a las acciones adoptadas por la Unidad para las Víctimas y el acompañamiento desde la Función Pública.

El director de la entidad, Alan Jara destacó este jueves que gracias a la acción articulada del Estado “antes, por ejemplo, una diligencia de toma de declaración a víctimas tardaba en promedio 41,1 días, por parte del Ministerio Público. Hoy, gracias a ese esfuerzo que hemos hecho con el acompañamiento de Función Pública, dicha declaración se entrega de manera inmediata”, dijo.

El tiempo para la valoración de dichas declaraciones también bajó de forma sustancial. “Antes, el tiempo promedio que se tomaba la valoración era de 99.4 días. Hoy, nos tomamos 28.6 días hábiles, lo que represente un ahorro de 70.8 días en dicho trámite. Ahorro que beneficia a las víctimas”, enfatizó Jara tras revelar que desde el primero de enero de 2016 hasta el 30 de abril pasado se valoraron un total de 285.316 solicitudes.

“En el pasado, las víctimas debían esperar hasta un mes para que se les expidiera un certificado de registro. Hoy la entrega es inmediata pues lo pueden hacer a través de internet”, destacó. El director de la entidad precisó que desde 2016 se han entregado de manera digital 35.374 certificados.

Las víctimas también ahorran tiempo frente a trámites como la Entrevista Única de Caracterización, antiguo PAARI. Antes, el tiempo de entrevista era de una hora y 40 minutos. En la actualidad dicho trámite tarda, a lo sumo, 40 minutos, lo que representa un tiempo de ahorro de una hora “que va en beneficio de las víctimas”, enfatizó Jara.

Gracias a ese ahorro en el tiempo para la realización de dicho trámite, el Estado ha logrado aplicar en el lapso entre enero de 2016 y abril de 2017 un total 481.531 entrevistas. También, la Unidad para las Víctimas logró abrir 28 nuevos puntos de atención en el mismo lapso, lo que mejora la atención.

En esta misma línea, las tutelas y derechos de petición disminuyeron por la oportunidad y calidad de las respuestas: así, se pasó de 50.926 tutelas pendientes a 31 mayo de 2016, --cuando comenzó su gestión Jara al frente de la Unidad--, a 6.279 con corte a 31 de abril de 2017, lo que representa una disminución del 88% de las tutelas.

Los derechos de petición también disminuyeron: pasaron de 128.416 en mayo de 2016 a 46.896 en abril de 2017, con una reducción del 63%.      

Es de resaltar, como todo esto lo logró la Unidad sin invertir recursos adicionales, antes bien se hizo con menos recursos, como se puede ver en la nómina de personal que ha tenido la Unidad en los últimos tres años.

Finalmente, el Director también destacó el ahorro que en dinero ha significado la reducción de estos trámites tanto para las víctimas como para el Estado. “Logramos reducir tiempo de respuesta de solicitudes y requerimientos, bien por los canales habituales de la entidad o vía tutelas interpuestas. Y eso es menos gastos para todos”, concluyó Jara.